16 mar. 2012

Graciela Mónica Hammes


A Graciela Mónica Hammes no le bastó la solícita frase con que cerró su alegato final. “Señores jueces, por favor, no se equivoquen”, dijo el jueves pasado ante Juan Carlos Fugaretta, Fernando Maroto y Roberto Borserini, integrantes de la Sala I de la Cámara de San Isidro. Ayer por la mañana los magistrados consideraron que no erraban al condenarla a prisión perpetua, acusada de quemar vivo a su marido, Alberto César Ortega, el 8 de junio del ‘98, para cobrar un seguro de vida de cien mil pesos. Al contrario, a lo largo de los 59 folios en que se extendió la sentencia, fue enumerada una sorprendente cadena de errores y exabruptos de la imputada, que derivaron en su posterior condena. En especial dos detalles que no podían pasar inadvertidos: el primero, que el día del crimen Hammes ocultaba con guantes sus manos quemadas. El segundo, más obvio, aparecía al pie de la póliza de seguro que la tenía como beneficiaria: la mujer había fraguado la firma de su marido. Ortega jamás se enteró de que su muerte había sido valuada en cien mil pesos.

Ortega fue hallado completamente carbonizado dentro de su Fiat 600, el 8 de junio de 1998 a las 6.30 de la mañana, en la calle Los Andes entre San Martín y la Panamericana, en Benavídez, partido de Tigre. Trabajaba como custodio de empresas de carga. En realidad, cuando fue descubierto, Ortega no era más que un cuerpo irreconocible. A tal punto que fue imposible determinar su sexo. Como N.N. quedó asentado en las planillas. A través de la patente del auto la policía encontró a los posibles familiares de la víctima. Se trataba de Graciela Hammes, por entonces de 37 años. “Durmió mal, estaba angustiado por problemas económicos, se levantó muy temprano, a las 5 de la mañana, y salió dispuesto a vender el auto”, dijo la sorprendida mujer.

Poco después, Hammes reconoció a su marido por tres objetos: el anillo de casamiento, el reloj y una cadenita. “Es igual al mío”, dijo la mujer, en sede policial, cuando le mostraron la alianza. El uniformado le solicitó que enseñara la suya y Hammes, muy nerviosa, trató de eludir el pedido. Aunque era un día de otoño soleado, llevaba guantes que ocultaban serias quemaduras. “Fue con una estufa”, aseguró nerviosa.

Pero no sólo sus manos estaban marcadas. A los investigadores no les cerraba la versión de la venta del auto: en la casa de la pareja, a 30 cuadras del lugar del siniestro, habían hallado la cédula verde y el boleto de compra venta del Fiat, y el DNI de Ortega. “Nadie se levanta a las 5 de la mañana para vender un auto y menos sin llevar documentos”, sostuvo Martín Cruz Molina, quien junto a Jorge Osores Soler representó a la familia de la víctima. Había más. Ortega tampoco llevaba su registro ni su cédula de identidad: descansaban a 200 kilómetros del lugar, en San Nicolás, en la casa del hijo del primer matrimonio de Hammes, dentro de los bolsillos de su campera.

En realidad, como más tarde consideró probado el tribunal, Ortega no tuvo necesidad de llevar su licencia de conductor porque jamás se sentó al volante. Recibió un golpe contundente en el cráneo, que lo tomó por sorpresa y lo desvaneció. Los 85 kilos de Ortega fueron cargados en el asiento trasero del Fitito. No debió ser fácil. Por ése y otros detalles, los jueces ordenaron que se reabriera la investigación para determinar la coparticipación de cómplices. Después, condujo el auto hasta el descampado, lo roció con nafta y echó un fósforo.

Algunos vecinos declararon haber visto al hijo del primer matrimonio de Hammes, chupando nafta con un tubito del tanque del mismo Fiat, la noche anterior al crimen. “Resultaba demasiado evidente que fuera a comprar combustible con un bidón”, señaló Molina a Página/12. La misma Hammes reconoció un gorro con visera hallado a metros del auto quemado, como perteneciente a una de sus hijas. También una vecina figura dentro de las carpetas giradas a la fiscalía. Pero lo que delató las intenciones de la condenada fue la póliza de seguro. El 22 de mayo del ‘98, Hammes contrató un seguro de vida recíproco por cien mil pesos. Si ella moría, los beneficiarios serían su marido y su hijo de San Nicolás. Si la Parca tocaba a Ortega, cobraría sólo ella. Al pie del documento, aparecía la firma complaciente del difunto. Los peritos de Gendarmería determinaron que Ortega jamás firmó. El trazo no se correspondía con sus firmas, pero tenía demasiadas semejanzas con la caligrafía de la mujer.

Fugaretta, Maroto y Borserini sentenciaron a prisión perpetua a Graciela Mónica Hammes por homicidio calificado por el vínculo, con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

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