1 abr. 2012

María Dolores Martín Pozo


Fría, calculadora y muy manipuladora. Así describen los allegados a María Dolores Martín Pozo, la abogada que se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial desde el pasado 15 de noviembre acusada de haber encargado el asesinato de su exmarido. "Logró apartar a Miguel Ángel de sus familiares y amigos, y que no hiciera nada que ella no quisiera", comenta José Manuel, el hermano del fallecido. "Ni siquiera nos dejaba ver a su hija. Siempre ponía excusas", afirma.

La relación entre Miguel Ángel Salgado Pimentel, asesinado de tres disparos el 14 de marzo de 2007 en el garaje de su piso de Ciempozuelos, y la abogada comenzó a mediados de los noventa. Les presentaron unos amigos comunes. En 1998 se casaron y se marcharon a vivir al piso de ella en Valdebernardo. La letrada mantuvo su despacho y su clientela, mientras Miguel Ángel, licenciado en Empresariales, trabajaba fuera del domicilio.

María Dolores se colegió en 1997 con el número 61.641. No tuvo despacho como tal. "Su especialidad siempre fue la noche y todos los negocios que esto envuelve. Desde las broncas y riñas de los porteros hasta los despidos de las empresas. Trabajo no la faltaba, desde luego", explican algunos colegas de profesión. Entre sus amistades estaba una pieza clave en el asesinato de su marido: Eloy Sánchez Barba, conocido por dirigir Clip Control, empresa dedicada a vigilar locales nocturnos de Madrid. Está acusado de intermediar entre la abogada y Charles Michael Guarín, el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de Salgado.

La relación entre Martín y este se fue deteriorando conforme pasaba el tiempo. La última intentona fue el embarazo y el posterior nacimiento de la hija de ambos en enero de 2001. De poco sirvió. A finales de este año, él le pidió la separación y la reacción de ella fue echarle de su casa. "Era como la jefa de un clan. Todo el mundo tenía que bailar a su alrededor", mantiene el hermano del fallecido.

A partir de entonces se inició una dura batalla legal para hacerse con la custodia de la niña. Con las consiguientes entradas y salidas de los juzgados. De hecho, Martín ya fue sentenciada en octubre de 2009 por el Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid a dos años de cárcel y al pago de 24.000 euros por denuncia falsa. Su pretensión era quedarse con la custodia de la niña y evitar así que lo hiciera su exmarido.

Poco a poco, y tras diversos informes periciales, Salgado Pimentel logró pruebas que le iban a permitir hacerse con la tutela de la niña. Entonces se produjo el incidente de los juzgados de Familia en los que dijo claramente que iba a acabar con él: "Te tengo que matar, te tengo que ver muerto". Así de hecho lo testificó en el juicio un vigilante de seguridad que lo presenció todo. Mientras, su exmarido intentaba rehacer su vida. Se fue a vivir a Ciempozuelos con una nueva compañera sentimental. "Antes de estar con mi hermano, salió con un guardia civil. Siempre nos decía que era un mariquita y que por eso lo dejó, pero cuando salió el tema testificó ante sus compañeros y les dijo que se dio cuenta de cómo era y que por eso la dejó. Ella siempre está mintiendo", añade José Manuel.

El testimonio de Eloy Sánchez ha sido fundamental durante la investigación. Este reconoció que hablaba varias veces al día con la abogada y que ella le insistió en que tenía que buscarle a alguien que matara a su marido. Las conversaciones escuchadas durante el juicio, procedentes de los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil, muestran a una mujer muy irascible, nerviosa con las pesquisas y que suelta una palabrota en cada frase.

El fatídico día llegó el 14 de noviembre. Una hora después del crimen, la abogada quedó en un restaurante de Sanchinarro con Sánchez. El motivo de la cena no ha trascendido en el juicio. Se desconoce si festejaban la muerte de Miguel Ángel. Una eventual celebración que le puede costar 43 años de cárcel si los jueces la creen culpable de haber encargado el asesinato.

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